31 de mayo de 2011

Crecen los conflictos con aborígenes por el reclamo de tierras

Fuente: (lanacion.com 16-8-2009) Franco Varise LA NACION

Reclaman 15 millones de hectáreas


El Gobierno adeuda un relevamiento clave; grupos radicales empezaron a ocupar campos

El conflicto indígena por el reclamo de tierras, agudizado por la falta de aplicación de las leyes, es hoy una bomba de tiempo.

Las comunidades de pueblos originarios reclaman la restitución de unos 15 millones de hectáreas en todo el país, que representan la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires.
El resurgimiento del indigenismo puede observarse a simple vista en hogares y establecimientos rurales de Jujuy, Neuquén y Río Negro, donde cada vez más se ve flamear la bandera del Tawantinsuyu (Imperio Inca), en el Norte, y la de los mapuches, en el Sur. Esos símbolos hablan de un anhelo más amplio que un simple lugar donde vivir: se refieren, prácticamente, a una "región independiente".
Comunidades diaguitas, collas y mapuches se definen como una "nación" distinta de la Argentina, a tal punto que algunos grupos radicalizaron sus posiciones mediante la toma de campos, amparados en su interpretación del artículo 75 de la Constitución nacional, reformada en 1994; en las leyes 23.302 y 26.160; en la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas (2007), y la adhesión argentina al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2002.
Con estas polémicas acciones sobre todo, en Neuquén y en Río Negro, varias comunidades mapuches, lograron visibilidad y el respaldo de organizaciones locales y del exterior. También se ganaron conflictos judiciales difíciles de zanjar, porque si bien para los propietarios de los campos se trata de usurpadores, la Constitución Nacional reconoce "la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas" y señala que debe garantizarse "la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano".
Los numerosos litigios judiciales son, en este escenario, un camino sin salida, porque aún no avanzó casi nada el relevamiento oficial previsto en la ley 26.160 para definir cuánta tierra les correspondería a esas comunidades. Al no existir ese trabajo, demorado desde hace tres años en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, de la Nación, resulta imposible aplicar un criterio en los litigios, coinciden especialistas en derecho consultados por este diario.
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